
Costa Rica es uno de los países con mayor oferta de agua dulce en el mundo. “The World’s Water” en su informe “The Biennal Report on Freshwater Resources” del 2002-2003, con datos actualizados en el 2006, y citado en un estudio de la Universidad Nacional, coloca a Costa Rica como el tercer país más rico en oferta hídrica de la región centroamericana y primero en per cápita de agua por año.
Mientras nosotros consumimos al tope, en el mundo cerca de 200 millones de personas no tienen acceso al líquido vital, según se afirmó hoy en la Tribuna del Agua que se realiza en España. Pero la planta del pie de gigante la tenemos encima. Con un repaso veloz caemos en cuenta que la deuda con el agua se acrecienta, no sólo fuera de las difusas fronteras ambientales, si no acá, en este charquito llamado Costa Rica.
En mi país nos enterarnos por rebote de situaciones como la acontecida en Sardinal, Guanacaste. Lo que pasó en ese pueblo en el Pacífico costarricense salió tarde a luz pública, aún siendo un problema no exclusivo y extendido ya en el territorio nacional. Es además, la vetada fuente de izquierda de este país, el diputado José Merino, quien nos informa sobre las construcciones privadas de un acueducto ahí cerquita, en Playa Panamá.
Me preocupa esta situación, porque algunos ya manejan ad portas la privatización del agua como solución. Primero, por ley en Costa Rica es ilegal, y segundo, considero que cometen error quienes hacen la afirmación. Sin un verdadero análisis, además, el error será repetido. Aunque las generalizaciones son inválidas, hay que aprender de las equivocaciones de otros. Con esta entendida advertencia, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) publicó un estudio el año pasado, en el que compara los servicios de agua pública en Quito y los privados en Guayaquil, ambas en Ecuador. Los resultados indican que después de la privatización disminuyó la cobertura de agua potable en Guayaquil en comparación con Quito, y lo peor, que esto afectó mayoritariamente al grupo económico más pobre (ubicado en el primer quintil del ingreso o lo que es lo mismo, el 20% de la población más pobre). Luego, la presión del agua en Guayaquil disminuyó en comparación a la de Quito; y, el precio promedio del agua subió y aumenta a un ritmo más elevado en Guayaquil.
Estos tres aspectos hay que analizarlos con cuidado. Lo primero es triste, no podemos seguir presionando a la clase desposeída. Lo segundo debería suceder pero en otras circunstancias, o sea, debemos ejercer menos presión por el agua, pero nunca al costo de quitarle el recurso a la gente más pobre. Y lo tercero ligado a lo segundo, es también una realidad, debemos pagar más por el agua que consumimos, pero tampoco al costo de significarle cargas adyacentes a la ciudadanía que tiene menos recursos. Es un problema complejo al que nos enfrentamos.
También en Costa Rica hay que hacer cara a varias situaciones que acontecen: sucede que las grandes compañías no pagan o pagan precios ridículos por los consumos impresionantes que hacen del agua. Sucede que el país se encuentra en medio de una ola de construcción de canchas de golf que consumen millones de litros del líquido y en zonas donde el agua escasea. Sucede que pagamos ridículas sumas de dinero por el consumo sin medida que hacemos. Sucede que el Poder Ejecutivo costarricense retiró en setiembre del año pasado la propuesta de ley sobre recursos hídricos que ofrecía mejores garantías. Sucede, y esto lo compartimos con el resto del mundo, que nuestra conciencia sobre esta situación, es solo un barniz. Y sucede, lo que es peor, que pocos no son suficientes para hacer la diferencia.
Foto de TrAvelpig